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Fortalecer la acción del Estado Provincial frente a delitos de Trata de Personas
TEMA
Trata de personas, Estado Provincial, derechos del niño, prostitución de menores, discriminación
El Anexo Unico de este decreto tiene por finalidad fortalecer la acción del Estado Provincial frente a delitos de "Trata de Personas" y sus delitos conexos.
Visto
el Expediente Nº 21200-96815/16, y la necesidad de fortalecer la acción del Estado Provincial frente a delitos de "Trata de Personas" y sus delitos conexos, y
Considerando
Que por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo Complementario para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños; la Convención sobre los Derechos del Niño, Protocolo Facultativo relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención Belem do Para", los Estados parte acuerdan adoptar medidas contra el delito de trata de personas, como también, la asistencia a sus víctimas y la persecución de sus autores;
Que los artículos 31 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional reconocen como ley suprema de la Nación y otorgan jerarquía constitucional a los tratados, convenciones y declaraciones sobre Derechos Humanos a los que se haya adherido, encontrándose las autoridades provinciales obligadas a conformarse a ella;
Que en el orden Nacional, por la Ley Nº 26.364 y su modificatoria, se implementaron medidas orientadas a prevenir y penalizar la trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas;
Que a nivel Provincial la Ley Nº 14.453 reconoce la adopción de medidas, de prevención, protección, y asistencia necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de las víctimas y posibles víctimas de trata de personas mediante el fortalecimiento de las acciones nacionales, provinciales, municipales, y de la sociedad civil;
Que entre otros objetivos de las políticas públicas en la materia se destacan el de proteger y ayudar a las víctimas de trata y delitos conexos, respetando plenamente sus derechos humanos y garantizando la protección y la asistencia a las personas explotadas, conforme con los principios e instrumentos internacionales, nacionales y provinciales;
Que por lo expresado, el deber de asistencia a las víctimas de trata de personas tiene jerarquía constitucional por su origen convencional;
Que un principio fundamental en la formulación de políticas y acciones para la restitución de derechos de las víctimas es la visión integral que exige un abordaje interdisciplinario e inter-institucional para ser efectivo, lo que en primer lugar abarca el compromiso de los ministerios, áreas de gobierno y municipios, dentro de sus ámbitos de competencia;
Que las víctimas de la trata de personas y los delitos conexos presentan condiciones especiales de vulnerabilidad, así como otras características subjetivas y objetivas que dificultan o impiden el acceso efectivo a los derechos, beneficios y servicios que la legislación establece;
Que esta particularidad habilita a utilizar un enfoque diferencial que haga posible la reparación y reinserción de estas víctimas;
Que en consecuencia, los procedimientos administrativos deben adaptarse a las especiales condiciones de estas víctimas, a fin de garantizarles el goce efectivo y expedito de los derechos y beneficios previstos;
Que el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto, será atendido con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes a cada Jurisdicción interviniente, no implicando incrementos presupuestarios a tales partidas;
Que tomaron la intervención de su competencia la Asesoría General de Gobierno y el Fiscal de Estado;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 inciso 2 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Por ello,
LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, DECRETA:
ARTÍCULO 1º. Aprobar el Anexo Único que forma parte del presente Decreto y tiene por finalidad fortalecer la acción del Estado Provincial frente a delitos de "Trata de Personas" y sus delitos conexos.
ARTÍCULO 2º. Dejar establecido que el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto, será atendido con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes a cada Jurisdicción interviniente.
ARTICULO 3º. El presente Decreto será refrendado por los Ministros Secretarios en los Departamentos de Justicia y de Coordinación y Gestión Pública.
ARTÍCULO 4º. Invitar a los Municipios de la Provincia de Buenos Aires a adherir al presente Decreto.
ARTÍCULO 5º. Registrar, notificar al Fiscal de Estado, comunicar, publicar, dar al
Firmantes
FERRARI-Vidal-GiganteANEXOAnexo Unico
ARTÍCULO 1º.- Objeto y sujetos obligados.
Los organismos de la Administración Central, Organismos Descentralizados e instituciones de la Previsión Social dependientes del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, dentro del ámbito de sus respectivas competencias o mediante su articulación y coordinación, deberán arbitrar los medios para organizar, fortalecer y/o adaptar servicios, planes, y programas destinados a garantizar a las víctimas de la trata de personas y sus delitos conexos el acceso a los derechos reconocidos por el artículo 6 de la Ley Nacional Nº 26.364 y su modificatoria, y por el artículo 12 de la Ley Provincial Nº 14.453
[-][Contenido relacionado]parte_6,[Contenido relacionado]ARTÍCULO 2º.- Autoridad de Aplicación.
La Autoridad de Aplicación del presente Decreto será el Ministerio de Justicia, por intermedio de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, quien arbitrará las acciones, medios, acuerdos y protocolos necesarios para su cumplimiento, y establecerá las normas aclaratorias y complementarias que correspondan.
ARTÍCULO 3º.- Habilitación.
Constatada la existencia de motivos razonables para creer que una persona es víctima de la trata de personas o sus delitos conexos y frente a la solicitud exclusiva de esta última, la Autoridad de Aplicación evaluará de forma detallada el caso, incluido cualquier informe penal conexo, y a partir de una resolución fundada y de un modo compatible con el derecho a su privacidad, será responsable de iniciar y arbitrar los trámites necesarios ante los organismos correspondientes para gestionar el acceso a los derechos, beneficios y servicios mencionados en el artículo primero.
ARTÍCULO 4º.- Acceso a derechos.
Los organismos mencionados en el artículo 1º, deberán remover los obstáculos que impidan el acceso real y efectivo de las víctimas de la trata de personas y sus delitos conexos a los beneficios contemplados en el presente Decreto, sin que les puedan ser exigidos los requisitos que fueran determinados para otra población objetivo, y cuya carencia se relacione con su condición de víctimas.
ARTÍCULO 5º.- Prioridad.
Complementando lo determinado en el artículo anterior, establécece que a igualdad de otras condiciones, los funcionarios con autoridad sobre los servicios, planes y programas indicados en el artículo 1º, deberán dar prioridad a las víctimas de la trata de personas y sus delitos conexos.
ARTÍCULO 6º.- Acto Fundado.
Las denegatorias de prestación deberán ser debidamente fundadas mediante un acto administrativo, en los términos del Decreto-Ley Nº 7.647/2010 y sus modificatorias.
[-][Contenido relacionado]parte_11,[Contenido relacionado]ARTÍCULO 7º. - Privacidad.
Los funcionarios intervinientes deberán arbitrar los medios necesarios para garantizar el mayor resguardo de la privacidad de las víctimas de la trata de personas y sus delitos conexos a efectos de evitar todo tipo de re-victimización. Cuando reciban un requerimiento de las víctimas para realizar una actuación ante terceros, deberán proceder bajo consentimiento informado.
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Contenidos de Interes
- Constitución de la Nación Argentina.
- Constitución de la Nación Argentina. 22/8/1994. Vigente, de alcance general
- Código Civil y Comercial de la Nación.
- Ley 26.994. 1/10/2014. Vigente, de alcance general
- Código Penal.
- Ley 11.179. 21/12/1984. Vigente, de alcance general
- Código de Minería.
- Ley 1.919. 21/5/1997. Vigente, de alcance general
- Código Aeronáutico.
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- Ley de Contrato de Trabajo.
- Ley 20.744. 13/5/1976. Vigente, de alcance general