Escribanía General de Gobierno

*ARTICULO 1.- La Escribanía General del Gobierno de la Nación, dependerá del Ministerio de Educación y Justicia - Subsecretaría de Justicia.

ARTICULO 2.- Corresponde a la Escribanía General del Gobierno de la Nación:

1. Ejercer la titularidad del Registro Notarial del Estado Nacional, en el cual se instrumentarán todos los actos notariales en los que el Estado nacional sea parte o tuviese interés.

2. Intervenir en todos los actos notariales en que sea requerida su actuación en virtud de un interés social.

3. Registrar y archivar los títulos de propiedad de los bienes de titularidad del Estado nacional.

ARTICULO 3.- La Escribanía General del Gobierno de la Nación estará a cargo del Escribano General del Gobierno de la Nación, quien será titular del Registro Notarial del Estado Nacional. Será designado y removido por el Poder Ejecutivo Nacional.

*ARTICULO 4.- Bajo la responsabilidad del Escribano General, actuarán TRES (3) Escribanos Adscriptos, quienes serán designados por el Ministerio de Educación y Justicia - Subsecretaría de Justicia. Actuarán con el titular, en las mismas funciones notariales y lo reemplazarán interinamente por orden de antiguedad, en caso de renuncia, licencia, ausencia o impedimento.

Artículo 4º bis: Cuando razones de funcionalidad del organismo así lo requieran, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a propuesta del escribano general, podrá designar escribanos adscriptos transitorios, por el lapso que se considere conveniente, con la misma competencia de los escribanos adscriptos. Respecto de los escribanos adscriptos transitorios el plazo fijado en el artículo 5º se reducirá a dos (2) años.

ARTICULO 5.- Para ser titular o adscripto del Registro Notarial del Estado Nacional, se requiere tener, como mínimo, CINCO (5) años de ejercicio profesional como titular o adscripto de un Registro Notarial, nacional o provincial.

*ARTICULO 6.- El escribano que fuere titular, adscripto o empleado de un registro de escrituras públicas, podrá conservar esa situación y continuar con su ejercicio, pero no podrá intervenir como tal, en los actos en que fuera parte el Estado Nacional, en el ámbito de comprensión que esta ley establece.

ARTICULO 7.- El Escribano General del Gobierno de la Nación y los Escribanos adscriptos, sin perjuicio de sus derechos y obligaciones por su carácter de agentes de la Administración Pública Nacional, en el ejercicio de la función notarial tendrán las obligaciones establecidas en la Ley Notarial de la Capital Federal, en tanto fueren compatibles con el régimen jurídico de dichos agentes.

Podrán ejercer sus funciones en todo el territorio de la Nación, pero el Registro Notarial del Estado Nacional tendrá su asiento legal en la Capital Federal.

*ARTICULO 8.- El Registro Notarial del Estado Nacional llevará:

a) un PROTOCOLO GENERAL, en el que se asentará la generalidad de las escrituras;

b) un PROTOCOLO SECRETO, en el que se asentarán aquellas escrituras que por su índole o naturaleza, deban mantenerse ajenas al examen público, cuando así lo dispusiere el Poder Ejecutivo Nacional;

c) un LIBRO DE JURAMENTOS, en el que se extenderán las actas de las asunciones, reasunciones y delegaciones de mando del Presidente y Vicepresidente de la Nación y los juramentos de los Ministros del Poder Ejecutivo Nacional y de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando lo presten ante el Presidente de la República.

Con autorización del Ministerio de Educación y Justicia - Subsecretaría de Justicia estos actos podrán registrarse en actas extraprotocolares.

*ARTICULO 9.- Los cuadernos que forman el protocolo notarial se integrarán con diez (10) hojas de papel simple, similar en un todo al protocolo notarial del Colegio de Escribanos de la Capital Federal. Será requisito para tenerlo como tal, que sea impreso y numerado por la Casa de Moneda de la Nación.

ARTICULO 10.- Los protocolos notariales se archivarán en el Tesoro de la Escribanía General, a cuyo cargo quedará su conservación y custodia.

ARTICULO 11.- Se asentarán en los Protocolos del Registro Notarial del Estado Nacional, los siguientes actos:

a) los contratos que deban celebrarse por escritura pública, cuando sea parte el Estado Nacional;

b) las actuaciones administrativas en las que se instrumenten donaciones de bienes inmuebles a favor del Estado Nacional, cuando así lo dispusiere la Escribanía General o lo requiriere el organismo interesado;

c) los demás actos en que sea parte el Estado Nacional, cuando por su naturaleza o importancia así lo dispusiere el Poder Ejecutivo Nacional.

*ARTICULO 12.- Cuando las circunstancias lo hicieren aconsejable, el Poder Ejecutivo Nacional podrá autorizar en forma general o particular, la celebración de los actos previstos en el artículo anterior, ante el Registro del escribano que a ese efecto designe el organismo interesado. De idéntica forma se celebrarán los actos que la Escribanía General del Gobierno de la Nación no pueda realizar por razones de servicio.

A los efectos previstos en la última parte del párrafo anterior, los organismos interesados en la celebración de un acto que deba asentarse en el Registro Notarial del Estado Nacional, deberán poner en conocimiento de la Escribanía General esa circunstancia.

Si ésta, por razones de servicio, no pudiere intervenir en la celebración del acto, lo hará saber dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes al organismo interesado, quien quedará facultado a designar escribano. El Escribano General comunicará al Ministerio de Educación y Justicia - Subsecretaría de Justicia - las razones que impiden su intervención.

La reglamentación establecerá la forma y las especificaciones que deberá contener la comunicación a la Escribanía General.

ARTICULO 13.- Los actos que se celebren ante el Registro Notarial del Estado Nacional, deberán revestir las formalidades requeridas por las disposiciones legales vigentes y las que establezca la Reglamentación de la presente ley.

ARTICULO 14.- En las operaciones de ventas de inmuebles en favor del Estado Nacional, el plazo que se pacte para la escrituración se computará a partir del día siguiente a la fecha en que se despacharen los certificados administrativos, los que deberán ser solicitados dentro de los TRES (3) días de la recepción de los antecedentes necesarios para tal fin.

ARTICULO 15.- La Escribanía General podrá convenir con todas las reparticiones públicas, aun las provinciales y municipales la fijación de plazos especiales más breves que los comunes, a efectos de dar cumplimiento a las disposiciones vigentes relativas a la presentación y trámite de los certificados administrativos preescriturarios, división y pago de impuestos. También podrá gestionar la exención de presentación de planos y cualquier otra medida que facilitare el otorgamiento de las escrituras y la posterior inscripción en los registros inmobiliarios correspondientes.

*ARTICULO 16.- Los títulos de propiedad de bienes inmuebles pertenecientes al Estado Nacional, serán registrados y archivados en la Escribanía General, aún en los casos en que ésta no hubiere intervenido al celebrarse la escrituración.

A tal efecto, una vez inscriptos los títulos en el Registro de la Propiedad Inmueble, serán remitidos a la Contaduría General de La Nación, dentro de los NOVENTA (90) días de practicada la inscripción. Esta, una vez realizadas las anotaciones pertinentes, los girará para su registro y archivo a la Escribanía General del Gobierno de la Nación de donde solo podrán retirarse con autorización del Ministerio de Educación y Justicia -Secretaría de Justicia-, o por orden judicial.

ARTICULO 17.- La Escribanía General tendrá su propio arancel, que será fijado por el Poder Ejecutivo Nacional.

*ARTICULO 18.- Las disposiciones de esta ley, relativas al Estado Nacional, comprenden a los organismos centralizados de la Administración Pública Nacional, Tribunal de Cuentas de la Nación y entes autárquicos, con exclusión del sistema financiero fiscal.

Estas disposiciones también comprenderán a las empresas y sociedades del Estado Nacional y a las sociedades en las cuales éste tenga participación, cuando así lo dispusiere el Poder Ejecutivo Nacional, teniendo en cuenta la naturaleza e importancia del acto en que aquellas fueren parte.

Cuando no se dispusiera aplicar esta ley, el requerimiento de las empresas y sociedades citadas deberá realizarse ante los colegios notariales de cada provincia o de Capital Federal, Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de acuerdo al lugar de ubicación de los bienes.

La distribución del trabajo escriturario se efectuará de acuerdo a las siguientes bases:

a) Los colegios de escribanos de cada demarcación convocarán anualmente a inscribirse a los notarios interesados en intervenir en estas escrituras;

b) Los trabajos serán adjudicados a los notarios anotados por riguroso orden de lista;

c) A los efectos de la responsabilidad profesional, se considera efectuado el requerimiento al notario con la citación que le efectúe el colegio;

d) La inscripción en la lista implica conformidad del escribano con el sistema de fondo común y prorrateo de los honorarios que tenga derecho a percibir, o sea la distribución periódica y equitativa de los honorarios entre todos los notarios que hubieren autorizado escrituras en ese lapso, en función de la cantidad de actos, sin consideración al monto de cada uno.

Los notarios de cada demarcación podrán acordar con el respectivo colegio la percepción y administración de los fondos.

El Estado Nacional, los entes autárquicos o descentralizados y empresas y sociedades precedentemente mencionadas, en lo que a su parte pudiera corresponder, estarán exentos del pago de honorarios.

ARTICULO 19.- El Poder Ejecutivo Nacional y los organismos del Estado Nacional, deberán adecuar todas las disposiciones reglamentarias al texto de esta ley, dentro de los SESENTA (60) días de su publicación.

ARTICULO 20.- La presente ley entrará en vigencia una vez operada la adecuación de disposiciones reglamentarias a que se refiere el artículo precedente.

ARTICULO 21.- Deróganse, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, las leyes 9078 y 18.013 y los decretos leyes 858/57 y 1412/58.

ARTICULO 22.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.