Daños y perjuicios, caducidad de instancia, ley de defensa del consumidor

Corresponde hacer lugar a la caducidad de instancia, toda vez que los derechos de los consumidores son susceptibles de extinguirse por inacción. Así resulta del hecho de que, aun cuando nos hallemos ante un ámbito calificado por la misma ley como de orden público, esa noción aquí no tiene las consecuencias que tiene la nulidad prevista en el CCCN 386, que se mantiene de posibilidad de extinguirse. Como es claro, el hecho de que el derecho corresponda a un consumidor y que se extinga no es susceptible de violentar las bases morales o económicas sobre las que se organiza el Estado, por lo que no existe razón alguna que impida la extinción de tales derechos por vía de aplicar las normas generales.

No se ignora que la LDC 52 establece que, ante el abandono de la instancia, el juicio puede ser continuado por otro legitimado. Pero, como es claro, esto sólo requiere que, tras tener por comprobado ese abandono -lo cual lleva implícito que el juez se ha pronunciado acerca de si la caducidad de la instancia se configuró o no-, ofrezca al Ministerio Público Fiscal la posibilidad de asumir la titularidad activa de ese proceso abandonado. Es claro que esa caducidad tendrá aquí una particularidad cual es que no conllevará la terminación del proceso si él fuera asumido por el mencionado Ministerio Público Fiscal. Esa solución concilia los dos intereses que aquí aparecen enfrentados, cuales son, por un lado, la preocupación que el legislador exhibió al disponer del modo en que lo hizo en el citado artículo 52; y, por el otro, el interés público implícito en la necesidad de que los derechos adquieran estabilidad.