La ley 24.417 de protección contra la violencia familiar como proceso urgente

Violencia familiar

Los denominados "procesos urgentes" han sido creados con el objeto de brindar una resolución urgente e inmediata a las pretensiones de los justiciables, en forma definitiva. Es decir que los mismos están destinados a brindar soluciones jurisdiccionales a aquellas necesidades de los justiciables, que requieren una respuesta inmediata, caracterizándose por hacerlo en forma autónoma. O sea que a diferencia de las medidas cautelares, se trata de un proceso independiente, que no es accesorio de otro principal; se agota en sí mismo y finaliza con el cumplimiento de la cautela requerida, que es la única pretensión que existe.

En estos procesos no existe una pretensión principal que deba ser garantizada a través de otras medidas cautelares, puesto que en éstos existe una única pretensión: la cautelar. En ese sentido, la ley 24.417 ha sido sancionada con el objeto de prevenir la violencia familiar, por lo que la misma puede ser encuadrada dentro de los "procesos urgentes".

Siendo la prevención de la violencia familiar la única pretensión en este proceso cautelar urgente, no es necesario dictar otras medidas cautelares, por lo que resulta desacertado, -como lo hace la ley-, incluir dentro de este proceso, la posibilidad de pedir alimentos;

máxime teniendo en cuenta que existe un proceso específico para el reclamo de los mismos. Esta duplicación de vías procesales no sólo es contraria al orden que debe existir en el ordenamiento procesal, sino que atenta contra la eficacia del objetivo principal de la ley (evitar la violencia), introduciendo cuestiones que llevarían a la ordinarización de dicho proceso, desvirtuando su objetivo.