Juicio de apremio, depreciación monetaria, liquidación, demanda, plazo, honorarios, inhabilidad de título, notificación

Entender que el actor está facultado solamente para poder apremiar por el monto de los honorarios regulados, y que no puede incluir en el apremio la desvalorización anterior a la demanda, sería obligarlo a reiterados trámites similares, porque el plazo que insume el disponer el reajuste, sumado al de la posterior intimación obligatoria, determina -normalmente- la desactualización del monto del crédito. Ese efecto disvalioso no es el querido por la Ley, y por otra parte, admitir tales supuestos de excepción, no provoca menoscabo al efectivo ejercicio del derecho de defensa que tiende a resguardar el artículo 32 de la ley 6767, atento a la notificación de la demanda de apremio en el domicilio de la obligada al pago de honorarios, y que ésta no cuestionó el resultado aritmético de la repotenciación de los honorarios efectuados por el actor. A fin de evitar futuras e innecesarias incidencias, es conveniente aclarar que la relativa inmediatez a que se ha hecho referencia, debe considerarse configurada cuando -habiendo actuado con diligencia el actor en los trámites de notificación de la regulación, o del auto que actualizó honorarios y de la intimación- el apremio se inicia dentro de los cuarenta y cinco días hábiles (lapso máximo que puede normalmente insumir el trámite de actualización) contados a partir de la fecha en que el actor está habilitado para promover el apremio.