Responsabilidad solidaria, resolución anticipada del contrato, incumplimiento del contrato, daños y perjuicios, locación, lucro cesante, honorarios, reparaciones en el inmueble, alquileres atrasados

Cabe hacer lugar parcialmente a la demanda y condenar solidariamente a los demandados a abonar a la actora en el término de diez días la suma correspondiente en concepto de reparación en el inmueble, honorarios de escribano, alquileres adeudados y lucro cesante, rechazando los rubros gastos de pintura -no se acreditaron los materiales adquiridos y abonados, como tampoco que estuvieran destinados a la reparación del inmueble-, multa por resolución anticipada y multa por incumplimiento contractual. La existencia y validez del contrato de locación invocado han quedado reconocidas, en el mismo lucen detalladas las condiciones en que la locataria recibió el inmueble y que se le prohibió introducir mejoras, modificaciones y/o alteraciones que no fueran autorizadas por escrito por la locadora. Es dable señalar que el inmueble fue recibido por la locataria en perfecto estado conservación e higiene, muros y techos recién pintados, siendo su obligación restituirlo en las mismas condiciones en que lo recibió. En el caso, se han constatado desperfectos e innovaciones introducidas en el inmueble por parte de la locataria, de las que no consta la debida autorización; ello así, a partir de su incumplimiento es que nace el derecho de la actora a reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios que le ocasionó. La multa por resolución anticipada no es procedente atento que fue ese el motivo de resolución contractual, es decir, no fue invocada y por otra parte no se siguió el procedimiento legal para que opere dicha resolución. Por último, la demanda por la multa pactada en el contrato tampoco resulta procedente puesto que sin perjuicio de la facultad del Tribunal de revisar su extensión, en el caso no se presenta la hipótesis contemplada al contratar. La locataria se mantuvo en el inmueble hasta su restitución en los términos pactados y por tanto se la condenó al pago de alquileres, más allá del plazo en que se sostuvo que operó la resolución contractual.