Intervención federal

Sistema de gobierno, gobierno federal, intervención federal, provincias

1. Intervención Federal en la Constitución. Garantía Federal.

Concepto.

La intervención federal se encuentra expresamente prevista en nuestra Constitución Nacional en el artículo 6° donde establece que:

Art. 6.- "El Gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o reestablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por invasión de otra provincia".

Ekmekdjian define a la intervención federal como un acto complejo, de naturaleza política, emanado del gobierno federal, por el cual se limita o suspende temporariamente y en forma coactiva la autonomía provincial, a fin de cumplir alguno de los objetivos previstos en el arto 6° de la Constitución Nacional (1).

Ahora bien, las provincias son las unidades políticas que, con calidad de estados, integran nuestra federación. No son soberanas, pero sí son autónomas (2).

Las provincias son autónomas, es cierto, pero excepcional y temporalmente el Gobierno Federal puede suspender dicha autonomía a través de la intervención federal (reemplazando a la autoridad de esa provincia por la federal, a través de un interventor), para restablecer el orden quebrado por conflictos internos o ataque exterior. El conflicto debe ser grave e imposible de resolver por la propia provincia(3).

Bidart Campos refiere que nuestra constitución prevé la garantía federal. Ella significa que el estado federal asegura, protege y vigila la integridad, la autonomía y la subsistencia de las provincias dentro de la unidad coherente de la federación a la que pertenecen. La propia intervención federal es el recurso extremo y el remedio tal vez más duro que se depara como garantía federal(4). Sagués la define como garantía de funcionalidad del sistema político (5).

Sin perjuicio de las críticas (6) que refiere del uso del instituto, Ekmekdjian sostiene que el art. 5 de la Constitución nacional, en su párrafo final, establece que bajo de estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Esta "garantía federal", tiende a preservar las autonomías provinciales ante el ataque de particulares, de otras provincias o de potencias extranjeras. En tales casos, el gobierno federal debe acudir en auxilio de las autoridades provinciales afectadas (7).

2. Un poco de historia (8).

Para poder entender más acabadamente el origen del instituto, debemos necesariamente remitirnos a la historia.

El instituto de la Intervención federal tiene su antecedente se basa en la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica que en su artículo IV, sección IV dice: "Los Estados Unidos garantizarán a cada estado de esta Unión una forma republicana de gobierno y protegerán a cada uno de ellos contra toda invasión; y cuando lo solicitare la Asamblea Legislativa o el Ejecutivo (si no se pudiere convocar la primera), le protegerá contra desórdenes internos." Este es el antecedente más antiguo y directo de la institución, pero en cambio no fue incorporado como tal en la Constitución argentina, sino con sustanciales cambios. La constitución norteamericana utiliza el término "proteger", a diferencia que la argentina usa el de "intervenir"; verbos sustancialmente diferentes y con significados e interpretaciones distintas. Allí apreciamos la primera y elemental diferencia en la analogía constitucional.

En la historia constitucional argentina se manifiestan dos antecedentes: el primero en el Pacto Federal de 1831 en su artículo decimotercero expresa una protección común entre las partes firmantes: "Si llegare el caso de ser atacada la libertad e independencia de alguna de las tres provincias litorales por alguna otra de las que no entran al presente en la federación, o por otro cualquier poder extraño, la auxiliarán las otras dos provincias litorales, con cuantos recursos y elementos estén en la esfera de su poder".

Ekmekdjian dice a esto que el auxilio de las fuerzas militares confederadas fue un instrumento de garantía reciproca de las provincias cuando "la libertad e independencia" de alguna de ellas estuviera amenazada (9) Más adelante, en 1852, el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos establecía en su artículo decimocuarto lo siguiente: "Si, lo que Dios no permita, la paz interior de la República fuese perturbada por hostilidades abiertas entre una u otra provincia, o por sublevaciones armadas dentro de la misma provincia, queda autorizado el encargado de las Relaciones Exteriores para emplear todas las medidas que su prudencia y acendrado patriotismo le sugieran para restablecer la paz sosteniendo las autoridades legalmente constituidas; para lo cual los demás gobernadores prestarán su cooperación y ayuda en conformidad con el tratado del 4 de enero de 1831".

Estos dos artículos incorporados en aquellos dos pactos preexistentes, si bien no refieren precisamente la institución de la intervención federal propiamente dicha como se la conoce en el constitucionalismo posterior, manifiestan claramente la voluntad de las provincias soberanas de otorgar y preservar la defensa de las instituciones en cada una de ellas, y consolidar la protección común entre aquellos estados que pretendían conformar un estado federal.

La redacción del artículo 6° incorporado a la Constitución de 1853 desato polémicas desde antes de su nacimiento, protagonizadas nada menos que entre Alberdi y Sarmiento.

Inicialmente el proyecto de constitución propuesto por Alberdi en su artículo quinto decía: "Interviene sin requisición en su territorio al solo efecto de restablecer el orden perpetuado por la sedición". Pero el análisis de los constituyentes en 1853 le dieron otra redacción, por lo que quedó de la siguiente manera: "El Gobierno Federal interviene con requisición de las Legislaturas, o sin ella, en el territorio de cualquiera de las Provincias, al solo efecto de restablecer el orden publico perturbado por la sedición, o de atender a la seguridad nacional amenazada por un ataque o peligro exterior". Redactado de esta forma el artículo dio lugar a distintas interpretaciones, por lo que la convención constituyente de 1860 lo modificó con los términos que mantiene actualmente.

¿Cuál era el centro de la discusión? Nada menos que la naturaleza misma del instituto y su interacción con el federalismo y las autonomías provinciales. Es precario el equilibrio que se sostiene en el tema de la aplicabilidad de las intervenciones federales sin que ésta no afecte la esencia del federalismo originario de las provincias. Pareciera ser que la institución se había transformado para los que administraban el estado argentino, en una verdadera "espada de Damocles".

Estas discusiones prosiguieron durante largo tiempo. Lo cierto es que bajo el pretexto de subsanar confusiones y proteger las autonomías provinciales se introdujo una nueva especie de intervención, que es la llamada "represiva", utilizada muy frecuentemente como arma política de los gobiernos centrales para avasallar las autonomías provinciales.

La historia de la intervención federal en nuestro país es la historia de desencuentros entre la Nación y las provincias, pues durante los 123 años transcurridos entre 1853 y 1976, se ordenaron 174 intervenciones provinciales. Estos números son el mejor registro del uso y abuso que hizo el gobierno federal del instituto de la intervención, en especial si se tiene en cuenta que los datos que se presentan no incluyen las numerosas situaciones de allanamiento a la autonomía provincial decididas por los gobiernos militares que se sucedieron -sólo interrumpidos por breves interregnos democráticos y semi-democráticos- desde 1930.

Considerado un remedio extremo por la Constitución Nacional, los sucesivos gobernantes apelaron al instrumento de la intervención federal en forma reiterada, y la mayoría de las veces para subordinar el poder provincial al dictado de Buenos Aires. Prueba de ello es el procedimiento elegido para ordenar la intervención: de las 17 intervenciones, tan sólo 32% (56) fueron decididas por el Congreso de la Nación; el resto, es decir 68% (118), fueron dispuestas por decreto del Poder Ejecutivo sin intervención del Poder Legislativo (10) 3. Clases o Causales de intervención:

El desarrollo histórico anterior nos sirve de pie para comenzar a analizar uno de los puntos neurálgicos en el tema de la intervención federal, que son sus causales.

Tal como ha quedado redactada, de la lectura del artículo 6° de la Constitución se desprenden cuatro causas por las cuales puede ser intervenida una provincia. Dos de ellas a solicitud de los entes locales a efectos de sostener o restablecer las autoridades constituidas y dos de ellas destinadas a reconstituir o restaurar la forma republicana de gobierno (11).

a) Alteración de la forma republicana de gobierno: Se basa en la hipótesis que existen graves alteraciones a los principios básicos del sistema republicano. Los términos para definirlos son excesivamente laxos, pudiendo caber en ellos aspectos tales como soberanía del pueblo, división de poderes, periodicidad de las funciones públicas, responsabilidad de los gobernantes, etc. Esta falta de definición precisamente ha servido para ser la causal mas alegada de intervención unilateral del gobierno federal a través de la historia argentina.

Para Gelli, la ley que dispone la intervención federal debe indicar precisa y concretamente la causa de ella, no pudiendo suplirla con declaraciones genéricas como "garantizar la forma republicana de gobierno" u otras similares, que pueden encubrir situaciones violatorias de la télesis constitucional (12).

Pueden hallarse dentro de esta causal, también los llamados:

Conflictos locales de poderes: A diferencia de otras intervenciones, tiende por objeto sustituir -total o parcialmente- las autoridades locales. Sin embargo, debe distinguirse que no todo conflicto de poderes local tiene la entidad de poner en riesgo el sistema republicano.

Vacío de poder: Cuando uno de los poderes del estado provincial no puede funcionar. Así fue el caso en 1925 en La Rioja donde la legislatura no funcionaba desde 1923 por falta de quórum y no se convocaba elección para elegir sus componentes.

b) Invasión exterior: Se trata de la intervención para repeler tal invasión, protagonizada por un estad extranjero. También considera la hipótesis de invasión exterior por fuerzas irregulares, aún formadas por argentinos c) Sedición: Es la hipótesis que se haya depuesto la autoridad constituida de una provincia, entendiéndose la sedición como cualquier alzamiento, pero apto para afectar la estabilidad de las autoridades constituidas de una provincia d) Invasión de otra provincia: Comprende el caso de invasión de una provincia por otra (que sería un caso de guerra civil) o invasión de una provincia desde otra por grupos irregulares.

e) Alzamiento de una provincia contra la Nación: No es un supuesto mencionado por el art. 6° de la Constitución Nacional, se estima que si corresponde declararla cuando una provincia lo hace contra otra, las mismas razones justificarían la intervención si lo hacen contra la Nación.

Bajo diferentes nombres, los autores definen las clases de intervención (13). Sin embargo, están de acuerdo que esta intervención federal en las provincias debe cumplir con alguno de estos dos roles:

* La intervención-auxilio, para los supuestos de que una provincia sufra alguno de los actos dañosos mencionados por el art. 6° de la Const. Nacional (14).

* La intervención-castigo, o sancionadora: cuando una provincia incumple las obligaciones constitucionales derivadas del art. 5°, Orihuela -siguiendo a Ekmekdjian-, llamará "Protectora" a la primera y agrega que en ella no se interfiere con las autoridades de la provincia, sino que sólo se auxilia militarmente o se rechaza la invasión exterior. Asimismo, denominara "Represiva" a la segunda y aclara que en este caso sí se sustituyen las autoridades, total o parcialmente(15).

Ekmekdjian agrega a esta caracterización la llamada "Intervención anticipada", que si bien no se halla expresamente regulada, se ha dado un caso en el año 1962, en el caso de intervención de varias provincias al haber ganado en ellas varios candidatos peronistas, bajo el pretexto de que existían vínculos entre ellos y el proceso subversivo que se intentaba remediar (16).

Bidart Campos efectúa una descripción compuesta, teniendo en cuenta si la intervención ha sido o no solicitada por la provincia a) Por si solo: para "garantizar" la forma republicana de gobierno o repeler invasiones exteriores.

b) Con pedido de las autoridades provinciales: "para" sostenerlas o restablecerlas si han sido depuestas por sedición o por invasión de otra provincia (17).

Al clasificarla de este modo, según cada situación, el autor permite vislumbrar que la intervención que dispone el gobierno federal por su propia iniciativa puede ser, a la vez, una facultad y una obligación (18). Así como también puede operar como sancionatoria o como restauradora.

Remarca, además, que en cualesquiera de los supuestos posibles, el art. 6° fija las condiciones y causales para la intervención, el gobierno federal no puede ni debe actuar discrecionalmente. Si se evade el marco del citado arto 6° es fácil sostener que se incurre en inconstitucionalidad.

4. Órgano competente El artículo 6° no define cual es el poder del gobierno federal al cual corresponde el dictado de la intervención federal.

Así, en el caso "Orfila" la Corte Suprema se pronunció en el sentido que dicho poder estaba conferido implícitamente en el Congreso. Sin embargo, existen muchos casos donde la intervención se produjo mediante decretos del poder ejecutivo.

Estas intervenciones (casi en su totalidad de carácter represivo), fueron utilizadas muchas veces con fines partidistas subalternos (19) Durante los años previos a la reforma se suscitaron varias causas judiciales en las que se discutía la facultad del Poder Ejecutivo de disponer la intervención federal de una provincia estando reunido el Congreso, como así también la ampliación de una intervención ya ordenada. En los casos "Rossi Cibils" y "Romero Feris", de 1992; se cuestionó la validez del decreto que dispuso ampliar al Poder Judicial de la Provincia de Corrientes la intervención federal que ya regía para el Ejecutivo local. Se argumentó que, estando reunido el Congreso, no correspondía al Ejecutivo Nacional dictar semejante medida. Lamentablemente, la falta de independencia de la Corte Suprema en esos tiempos, llevó a que se convalidara lo actuado mediante la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables y con interpretaciones alambicadas de las normas constitucionales (20).

La doctrina y la jurisprudencia tomaron nota de ello, y esta situación fue subsanada luego de la reforma de 1994, al disponer expresamente en el artículo 75 inciso 30 CN que la intervención es una atribución del Congreso Federal. Sin embargo, se autoriza al poder ejecutivo a decretarla durante el receso del Congreso, pudiendo éste aprobarla o revocarla. Sin embargo, no se previó la tercera alternativa (al igual que en el estado de sitio) que es la que se produce con más frecuencia: el silencio del Congreso (21).

No puede soslayarse la trascendencia de esta reforma efectuada en 1994, de indicar expresamente, en el inc. 31 del arto 75, que la facultad de intervenir las provincias o la ciudad de Buenos Aires compete al Congreso de la Nación, que además puede aprobar o revocar la intervención decretada por el poder Ejecutivo, durante su receso. A su vez el art. 99, inc. 20, prescribió que si el Poder Ejecutivo decreta una intervención durante el receso del órgano legislativo lo debe convocar simultáneamente para dicho tratamiento (22) 5. Efectos de la intervención:

Cabe hacer una distinción, que puede parecer semántica, pero no lo es tanto. El art. 6° de la Constitución habla que el Gobierno federal interviene "en el territorio de las provincias" y no "a las provincias".

Lo que delata el artículo es que, si se interviene "en" el territorio de la provincia, esa intervención puede ser parcial desde lo geográfico, es decir que no necesariamente debe cubrir todo el territorio provincial.

También debe distinguirse si la intervención es represiva o protectora. Si la represión fuese protectoria, no deberían alterarse las instituciones locales. En la represiva, en cambio, el objetivo es sustituir total o parcialmente a las autoridades provinciales.

La sustitución de autoridades locales puede extenderse a los tres poderes provinciales y a las autoridades municipales, o bien limitarse solo a alguno de ellos..

Así, sostiene una parte de la doctrina que no debería intervenirse el poder judicial local, sin embargo del texto constitucional no surge tal prohibición (23). Si la ley de intervención contempla la caducidad del poder judicial, el interventor puede designar reemplazantes para evitar la paralización del servicio de justicia, pero deben ponerse en funcionamiento lo antes posible los mecanismos previstos por la constitución local para el nombramiento de los magistrados (24).

Dentro de la intervención, la personalidad de la provincia permanecerá incólume y vigente su constitución dado que las eventuales inconstitucionalidades que esa norma pudiere contener se remedian mediante el control judicial. Los contratos celebrados y las obligaciones asumidas por los entes locales antes de la intervención, en principio, no se suspenden ni cancelan dada la continuidad jurídica de los estados provinciales (25).

6. Interventor federal La ejecución del acto declarativo de la intervención es llevada a cabo por un conjunto de funcionarios "ad hoc" cuyo jefe recibe el nombre de "interventor federal". Ese funcionario es designado por el Poder Ejecutivo nacional.

Si bien el interventor federal reemplaza a las autoridades locales, es un delegado o comisionado del presidente de la republica y, por ello, es funcionario nacional. No representa a la provincia intervenida, según la mayoría de la doctrina y jurisprudencia.

El interventor federal, en efecto, tiene un doble carácter, y, en consecuencia, también lo tienen los actos que realiza. Representa al gobierno federal, pero es también un representante promiscuo y necesario de la provincia hasta tanto sean reorganizados los poderes locales. Es decir que actúa con una doble personalidad y realiza actos que gozan de una u otra naturaleza y que pueden ser calificados de diversa manera (26).

Así se ha dicho que "los actos de los interventores federales en una provincia no pierden su carácter local en razón del origen de la investidura de dichos funcionarios (208:497; 263:539; 270:346 y 410; 300:615, entre otros), aún cuando éstos sean representantes directos del Gobierno Nacional, respecto del cual asumen la condición de agentes (Fallos: 323:711 y sus citas), es decir que no son funcionarios de las provincias, pues sustituyen a las autoridades locales y ejercen las facultades que la Constitución Nacional, la provincial y las leyes respectivas les reconocen"(27).

El alcance de esta intervención, depende de la ley que la decreta. En general, las leyes no especifican -como debieran- los límites de esas facultades y recurren a formulas genéricas como "restablecer el orden público", "restablecer la forma republicana de gobierno", "reorganizar el Poder Legislativo", etc (28).

La extensión de las atribuciones del interventor depende del acto que declara la intervención. Si se interviene el Poder Ejecutivo provincial, el interventor hace las veces de Gobernador; si se interviene el poder legislativo provincial, el interventor reemplaza a la legislatura, pudiendo dictar decretos-leyes. Si se intervienen el poder judicial, el interventor puede remover los jueces actuales (pierden su inamovilidad) y designar otros, pero no puede ejercer funciones judiciales por sí mismo (29).

Teniendo en cuenta que se trata de funcionarios de excepción y temporarios, su gestión debe limitarse al mínimo imprescindible para cumplir si objetivo fijado (30).

No pueden asumir facultades delegadas por las provincias en el gobierno federal. Los actos del interventor dentro del marco legal de la intervención y en uso de las atribuciones provinciales obligan a las provincias. Sin embargo, la responsabilidad por excesos del interventor o incumplimiento de la constitución y las leyes locales no pueden adjudicarse a las provincias ni se resuelve afectando el patrimonio de los entes locales (31).

La intervención federal no hace desaparecer a la provincia como persona jurídica distinta del Poder Ejecutivo Nacional, y que los actos del interventor federal son susceptibles de ser revisados judicialmente, pues negar la intervención de la Corte Suprema implicaría dejar inerme al Estado provincial frente al actuar del delegado del Estado Nacional (32).

7. Control Judicial de la intervención:

Ya desde antiguo se decidió en el fallo "Cullen" que: "La intervención nacional en las provincias, en los casos en que la Constitución lo permite o prescribe, es un acto político por su naturaleza, cuya verificación corresponde exclusivamente a los poderes políticos de la Nación y, por ende, sus decisiones al respecto no pueden ser controvertidas por el departamento judicial" (33).

Bidart Campos discrepa, entendiendo que por más que el acto sea político, no significa con ello que escape al control judicial de constitucionalidad, por ende, no le reconoce el carácter de "no judiciable" (34).

En cambio, la mayoría de la doctrina sostiene que solo son controlables judicialmente los actos del interventor que excedan el soporte normativo de la intervención o incumplan la Constitución Nacional y las leyes federales y afectan derechos constitucionales (35).

Por otro lado, también ha dicho la jurisprudencia que "Existen diferencias entre el acto por el que se dispone la intervención (ley - decreto del PEN), de los emitidos como consecuencia de dicho acto. El primero reviste el carácter de "acto institucional", por lo tanto no puede dar lugar a una impugnación ante la justicia, es decir que resulta "no justiciable". En el caso de la intervención federal, los Jueces no pueden indagar la pertinencia de los motivos que guiaron su dictado -por ejemplo, garantizar la forma republicana de gobierno- y entrar a razonar si realmente dicha forma se halla subvertida, luego de controlar la posibilidad constitucional de la materia y su dictado acorde al sistema y causas que la Constitución establece" (36).

8. Conclusiones:

A través de este trabajo se enumeraron los lineamientos de un instituto constitucional tan útil como discutido. Hemos visto que su cuestionamiento partía desde su misma génesis, con opiniones dispares tan preclaras como la de Sarmiento y Alberdi.

Nace, sobre la base de un momento histórico particular, tal como fue la Confederación, bajo la sombra de conflictos provinciales y de intentar asegurar un poder federal creciente y en desarrollo.

Y permanece en el tiempo, siendo utilizada muchas veces para, en nombre de proteger las instituciones y el régimen republicano, servir de herramienta política para avasallar la autonomía de estados provinciales e imponer los designios del estado federal.

Lo que debe quedarnos en claro es que la intervención federal es un mecanismo de excepción. Como tal, debe ser utilizado con el máximo sentido restringido.

Por ello, en el mismo nombre de las instituciones que busca proteger con su dictado, el Gobierno Federal debe abstenerse de utilizarlo con fines políticos o partidarios.

Notas al pie:

1) Ekmekdjian, Miguel Ángel, "Manual de la Constitución Argentina" 6ª ed. Lexis Nexis, Argentina, pág. 365.

2) Bidart Campos, German J., "Compendio de derecho constitucional" , Primera reimpresión, EDIAR, pág. 53.

3) Bidart Campos, German J., op. cit., pág. 57.

4) Orihuela Andrea M., "Constitución Nacional comentada" 4ta Edición, Buenos Aires, Editorial Estudio, 2008, pág. 24/25.

5) Sagués, Nestor Pedro, "Elementos de derecho constitucional", 3era edición actualizada y ampliada, Tomo 2, Ed. Astrea 2003.

6) Refiere los manejos políticos del Estado Nacional respecto de los provinciales, y de las lealtades de los senadores más a su partido político que a sus provincias. Por ello señala que: "...cabe afirmar que la garantía que el último párrafo del arto 5 otorga a las provincias, en relación a posibles abusos o desmesuras del propio gobierno federal, es una mera declaración lírica que no tiene una instrumentación eficaz, dependiendo su cumplimiento de la buena (o mala) voluntad del propio gobierno federal; la cual -según demuestran permanentemente los hechos- es escasa o nula". Ekmekdjian, op. cit. pág. 355.

7) Ekmekdjian, op. cit 1, pág. 354.

8) La síntesis histórica está basada en el artículo de Ramírez Braschi Dardo, "Doctrina e interpretación jurisprudencial sobre la intervención federal a las provincias argentinas en el siglo XIX" Publicado en: Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas (UNNE). Nueva Serie. Año 2. Nº 10. Pág. 159-168. Editorial Dunken. Buenos Aires, 2012.

9) Ekmekdjian, op. cit 1, pág. 366.

10) Hernández Antonio María, Barrea Buteler, Guillermo, "Derecho Público Provincial" Abeledo Perrot, Segunda Edición, Buenos Aires, 2011, pág 84.

11) Seguimos a Sagues en esta descripción, op. cit 5, pág. 480-481.

12) Gelli, María Angélica, "Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada" Segunda edición ampliada y actualizada, La Ley 2004.

13) Ekmekdjian, Sagues y Bidart Campos hablan de clases. Gelli habla de causales.

14) Sagués, op.cit 5, pág. 480.

15) Orihuela, op. cit. 4, pág.25.

16) Ekmekdjian, op. cit. 1, pág 369.

17) Bidart Campos, op. cit 2, pág. 365.

18) En "Orfila" (Fallos: 154:192) se dispuso en ese sentido: "... como un deber por parte de la Nación [un] remedio arbitrado por el propio estatuto para defender y mantener inviolables en todo el ámbito de la República los principios esenciales por él adoptados".

19) Ekmedjian, op. cit 1, pág. 370.

20) Manili, Pablo Luis, "Bases jurisprudenciales de la reforma constitucional de 1994" LA LEY 03/12/2014, 03/12/2014, 1 - LA LEY2014-F, 1136.

21) Ekmekdjian, op. cit. 1, pág. 371.

22) Hernández Antonio María, Barrea Buteler, Guillermo, op. cit. 10 23) Gelli, op. cit 11, pág.. 49.

24) Conforme lo decidido en el caso "Orfila".

25) Gelli, op.cit. 11, pág. 50.

26) C.S.J.N., 21/09/04, "Zavalía, José Luis c/ Provincia de Santiago del Estero y Estado Nacional s/ Amparo".

27) C.S.J.N., 23/12/04, "López, Mario A. c. Provincia de Corrientes y otros" La Ley Online; AR/JUR/13918/2004.

28) Así se dispuso en que: "Pérez Chávez, José O. c. Estado de la Pcia. de Corrientes Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes" STCorrientes, 24/11/2005, LLLitoral 2006(febrero), 01/01/2006, 57 - LA LEY 2006-D , 316: "Resulta ilegal el decreto de la Intervención Federal del Poder Judicial, por el cual se removió a un magistrado de su cargo como Ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes, sin otro fundamento que el dictado de la ley 25.236, toda vez que no fue explicada la causa de la cesantía, lo cual vulnera los derechos del actor".

29)"Tenemos que, en el caso de una intervención al Poder Ejecutivo parece claro que el interventor "sustituye" al mismo y lo hace cesar en sus funciones sin necesidad de ningún otro acto que la norma nacional que decreta la intervención. El cese de sus funciones deriva directamente de la norma federal. Lo mismo ocurre si se interviene al Poder Legislativo; la Legislatura se disuelve automáticamente. Pero cuando el intervenido es el Poder Judicial, ¿qué ocurre?. Es evidente que sus integrantes no cesan "automáticamente" en sus funciones. Continúan en funciones, pero en "comisión"; es decir, les quita el derecho a la inamovilidad y faculta al Interventor a removerlos" Hernández, Antonio María, "Novedosa jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Corrientes sobre los límites constitucionales de las atribuciones del interventor federal" LA LEY2006-E, 63.

30) Ekmekdjian op. cit. 1, pág. 371.

31) Gelli, op. cit 11, pág.. 50.

32) Conf. Op. cit. 24, "Zavalia".

33) CSJN, 07/09/1893 "Cullen, Joaquín M. vs. Llerena, Baldomero", Rubinzal Online Cita: RC J 6774/07.

34) Bidart Campos, op. cit 2, pág. 59.

35) Gelli, op. cit b11, pág 50.

36) Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, 20/06/2006, "Zabalo, Mabel vs. Poder Legislativo - Cámara de Senadores y Poder Ejecutivo s. Amparo" (voto en disidencia del Dr. Semhan) Rubinzal Online Cita: RC J 1485/07.